Luego del allanamiento, la manifestación de padres en la institución y al ministerio de educación, la detención del maestro acusado y las declaraciones públicas de Marcelo Galeano – el padre del chiquito -, sobre el día martes pasado, al mediodía, en los Tribunales de la capital santafesina, se dispuso la audiencia imputativa contra la directora y la exdirectora del jardín de la escuela religiosa San Roque, quienes, también, fueron detenidas el domingo pasado producto de la investigación.
La audiencia imputativa se trata de la instancia del proceso judicial donde a la vista de un juez, los fiscales señalan – o no – la posible culpabilidad o involucramiento en el caso en cuestión. Desde la citación establecida en el subsuelo del Tribunal, las fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti, imputaron a la ex directora Erika Kleinsorge y a la actual directora Claudia López la autoría de delito de encubrimiento agravado.
La acusación corresponde a las conclusiones expuestas en la audiencia, en donde se formuló que “el martes 13 de noviembre de 2018, la madre del niño abusado le manifestó a la directora y a la vicedirectora que su hijo tenía lesiones físicas compatibles con agresiones sexuales” y que además de que el docente continuó con su labor en el colegio, “en ninguna oportunidad, ni la directora ni la vicedirectora realizaron la correspondiente denuncia penal».
A su vez, las fiscales dieron cuenta de un hecho concluyente: “De acuerdo a lo que pudimos relevar hasta el momento, las dos imputadas manifestaron a padres de alumnos del establecimiento que la acusación al docente de música era una falsa denuncia y que en realidad se trataba de un abuso sexual intrafamiliar”.
Todo comenzó cuando un niño del jardín de infantes y según relata el padre «su comportamiento comenzó a ser extraño y sentía mucha angustia». Ante la extraña conducta del chiquito, madre y padre se acercaron al jardín de infantes dependiente del reconocido instituto religioso educativo San Roque, lo que, al parecer, desde la institución, aseguraron, de distintos modos, que allí, en todo caso, no moraba el nudo del problema del niño.
En ese sentido, la abogada defensora de los padres, Carolina Walker, aseguró oportunamente en entrevista gráfica que sistemáticamente las autoridades del colegio negaban, a partir de diferentes mecanismos argumentales conforme las sospechas se volvían más evidentes, hasta el punto del hostigamiento y la amenaza.
En 2019, el niño da comienzo a su primer grado del primario en otro edificio al de Güemes al 5200, sede del jardín de infantes, aunque los acosos de su ex profesor prosiguieron. Fue entonces que el 29 de Julio de aquél año, la madre decide realizar la pertinente denuncia penal y desde esa fecha, la fiscalía, que es llevada a cabo por el mismo personal que encarceló a las directivas, se encomendó a recolectar elementos probatorios que, en tanto desplegados en las instancias correspondientes, dieron con el pedido de prisión preventiva de Darío Céspedes, el profesor de música denunciado, el jueves 27 del mes pasado.
El docente fue imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado -dada su responsabilidad en tanto su rol de educador-, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada -por la edad de la víctima y por ser encargado de la educación-.
Por caso, la fiscal Minitti declaró en su momento que “de acuerdo a la investigación que desarrollamos hasta el momento, los abusos se concretaron dentro de la institución educativa ubicada en la zona norte de la ciudad”. Asimismo, relató que “de lo manifestado por el niño se desprende que, en alguna oportunidad, el hombre investigado también llevó a una niña de la institución a quien le habría indicado que tuviera comportamientos con el niño inapropiados para la edad de ambos”.
Para el sábado 7 de marzo, las funcionarias del MPA realizaron una reunión con al menos otros doce padres cuyos niños son concurrentes del colegio católico, a la vez que se testimoniaron cinco denuncias más. Con estos relatos adicionales que afloraron cuando se activó la investigación sobre el niño abusado, el desempeño de la averiguación penal sacudió un desplazamiento hacia la institución y sus autoridades, más allá del profesor denunciado, razón por la cual pasaron a efectuar tareas de aseguramiento de prueba o, lo que es lo semejante, inspecciones en el propio colegio.
El procedimiento de ocultamiento por parte de los directivos pudo establecerse mediante el secuestro de actas que daban fe del encuentro a fines de 2018 entre la mamá del chiquito abusado y la responsable del establecimiento. Debieron pasar 10 meses para que la situación fuera elevada al Ministerio de Educación, lo que ocurrió recién cuando la Justicia notificó de la existencia de la denuncia penal.
Ni el Jardín, ni el Ministerio fijaron disposición precautoria alguna, además de que Céspedes continuó ejerciendo en la institución con el beneficio de una extendida licencia psiquiátrica pedida por él mismo acusando “estrés laboral”, anuencia concedida, en realidad, producto de la denuncia administrativa realizada el año anterior y no por otra cosa, con lo que se manifiesta que el Jardín había procedido en una dirección frente al requerimiento de la mamá que advirtió y denunció los hechos de abuso, aunque lo hizo para resguardar al profesor y no para auxiliar la integridad del alumno y del resto de los infantes de la salita.
Por lo pronto, el hecho aberrante despertó y el desenlace, dada la trama, parece imprevisible.
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