A partir de los votos del juez Miguel Ángel Cardella y la jueza María Rita Custet Llambí, la condena que estableció en octubre de 2019 la pena de un año y nueve meses de prisión en suspenso más dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público quedó ratificada para el médico que, según entendió la Justicia a partir de sus procedimientos, éste imposibilitó a que una adolescente de 19 años que había sido violada y que no quería continuar con esa gestación impuesta pueda acceder a su derecho al aborto no punible.
En un sentido clarificador, se encuentran las expresiones vertidas por Cardella en instancias de justificación de su voto: «una mujer embarazada a consecuencia de una violación, tiene el derecho a acceder a la práctica médica de un aborto no punible en dependencias de la salud pública y el acusado obstruyó ese proceso». Dijo el juez.
Por su parte, la jueza Custet Llambí indicó que «desoír la voz de la mujer, ignorar su necesidades vitales, avasallar los derechos reproductivos, arrasando la psiquis y esclavizando el cuerpo en orden a forzar la gestación después de un violación, importa la negación de la condición de sujeta de derecho de la víctima y conlleva la encarnación de las violencias de género en su más dolorosa expresión».
El hecho, que derivó en el proceso judicial al médico, empezó el 2 de abril de 2017, cuando la joven vulnerada fue trasladada del centro de salud de la localidad Fernández Oro hacia el hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti, donde Rodríguez Lastra era por entonces jefe del servicio de Ginecología.
Al ser atendida, la paciente le manifestó que a partir de su embarazo utilizó la ingesta de misostropol mientras presentó un cuadro dramático y preocupante: 39 de fiebre, sufrimiento abdominal, aceleración del ritmo cardíaco y claras señas de infección.
Los estudios subsiguientes determinaron que el embarazo llevaba, al menos, 5 meses -unas 22 semanas. El médico juzgó no detener el proceso de interrupción al concebir que, de continuar con el aborto, se colocaba en situación de riesgo a la vida de la madre. Atento a ello, el ginecólogo condenado instaló inmediatamente a la víctima bajo internación puertas adentro del hospital.
Rodríguez Lastra, según su criterio, resolvió aplicar el suministro de una medicación para detener el aborto que había iniciado la adolescente, operando inversamente a lo ajustado por las regulaciones actuales, tanto nacionales como provinciales, en tanto que, además de lo establecido por el Código Penal de la Nación en su artículo 86, donde se asegura la interrupción voluntaria del embarazo en casos de abuso sexual, la ley provincial 4796 y sus 17 artículos formulados para la Atención Sanitaria en casos de Abortos no Punibles además sostienen que para la interrupción legal del embarazo solo se exige una declaración jurada de la mujer abusada y embarazada.
Tras 60 días y bajo la tutela de la internación hospitalaria, la joven dio a luz a través de un parto inducido. Posteriormente, el recién nacido fue dado en adopción. El hecho repercutió socialmente hasta llegar mediante una denuncia a la Justicia.
El 21 de mayo de 2019, desde de la intervención del Juez Alvaro Maynet, se encontró al ginecólogo democristiano «responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público» a partir de su intrusión contraria a lo solicitado por la joven víctima.
La reacción sobre una condena que no presentaba antecedente alguno en la historia de la Justicia nacional no se hizo esperar. Fue entonces que de inmediato sectores identificados como «Provida» convocaron a una marcha en el Congreso de la Nación. “Soy un héroe para ustedes, la justicia dice que soy un criminal”, expresó el ginecólogo, oficiando de conductor del acto con micrófono en mano, sobre el escenario que coronaba la movilización que emplazó la presencia de personajes de la talla de Gómez Centurión y Cecilia Pando.
Por su parte, el aliado de Bergoglio, Monseñor Alberto Bochatey, Obispo Auxiliar de La Plata y Miembro de la Pontificia Academia para la Vida, lanzó un comunicado en solidaridad con Rodríguez Lastra: “Tiene nuestro apoyo y soporte por ser un hombre que se opone a este tipo de riesgos. La paradoja es que este niño nació y crece bien pese a que la madre ha sufrido y que tuvo una serie de reacciones pero también las hubiera tenido con el aborto que tiene sus consecuencias, por eso luchamos tanto para que la Argentina tenga leyes justas y equilibradas”.
El desenlace del proceso fue suspendido en dos oportunidades. La primera se debió por un pedido de licencia familiar por parte del juez Maynet y el segundo, a partir de la solicitud del médico acusando problemas de salud. El pedido fue dado a lugar, a pesar de que la actividad proselitista de Rodríguez Lastra, en su momento, no fue disimulada.
Recién para octubre de 2019 se obtuvo en números la condena: dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso. Hoy es realidad.
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