Subsidios a los salarios: que el escándalo no tape la ofensiva

La noticia de que la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) alcanzó a los ingresos de gerentes y otros altos ejecutivos de grandes empresas se expandió en los últimos días por los medios sindicales y alternativos. El gobierno implementó mecanismos de devolución de los fondos y endureció los requisitos para acceder al mismo; pero convalidó las políticas de reducción salarial en esos mismos sectores y no interviene ante la imposición de condiciones regresivas de trabajo. Por Julia Soul ANRed.



Ante la prolongación del ASPO y la consiguiente paralización de numerosas actividades, el Gobierno implementó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que subsidia los salarios de abril y mayo. El programa prevé una asignación – de un mínimo de uno y un máximo de dos salarios mínimos – equivalente al 50% del salario neto que el trabajador haya percibido en febrero  Pocos días después del pago del primer mes, se conoció a través de distintos medios de comunicación que Ejecutivos de empresas como Techint, Jetsmart, Flybondi, La Nación o Clarín habían percibido el subsidio salarial de $ 33700 (aproximdamente dos salarios mínimos). Ante el escándalo desatado por tal noticia, se establecieron modificaciones en los requisitos para ingresar al programa y mecanismos de devolución de los subsidios. Off the records se aduce que las características técnicas del software fueron las que pemitieron que el subsidio llegue a los gerentes. La despreocupación respecto de los mecanismos  de asignación del ATP contrasta notablemente con la minuciosidad con que se escruta (y se rechaza) a los postulantes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que sólo perciben quienes no acrediten ningún otro ingreso en el grupo familiar y que no alcanza el valor de un salario mínimo.

Pero además, la transferencia de sumas millonarias a los grandes grupos económicos que, de este modo, reducen aun más sus aportes a la “lucha contra la pandemia” significa erogaciones por parte de un Estado cuya recaudación se nutre en gran medida de impuestos a las clases trabajadoras (el IVA, una porción del impuesto a las ganancias). Es por eso que el desconocimiento que ha mostrado el Ministro de Trabajo Claudio Moroni respecto del modo en que esas mismas empresas actúan contra los trabajadores que emplean echa un cono de sombras sobre la intención protectoria del Estado.

En primer lugar, hay una política de reducción salarial en marcha a partir del acuerdo, avalado por el Ministerio de Trabajo, entre la UIA y la CGT del 29 de abril. Con este acuerdo de paraguas, numerosos sindicatos han acordado con las empresas beneficiarias el pago de asignaciones no remunerativas equivalentes al 75% del salario. El pago previsto por el ATP no toma en cuenta esa reducción, pues toma como referencia los salarios de febrero. Sin embargo los empresarios se imputan como “adelanto” la suma que “excede” el 75% acordado, consolidando la caída en los ingresos de los y las trabajadores.

En segundo lugar, durante las últimas semanas han sido públicos confictos y denuncias de supresión de componentes salariales históricos en Tenaris SIAT (Valentin Alsina), de retraso o reducción de pagos salariales en Ternium Siderar (Canning) y en empresas del neumático como FATE; el pago de los salarios en cuotas por parte del Grupo Clarín (incluyendo a las productoras de contenido) o la reducción salarial arbitraria en cadenas de comidas rápidas y empresas metalúrgicas. De este modo, el subsidio Estatal es incorporado por los empleadores como “adelanto” de la masa salarial, en vez de compensar la caída en los ingresos de los y las trabajadores. A estas políticas se suman cientos de despidos rubricados bajo el mote de retiros voluntarios o finalización del período de prueba denunciados en call centers y empresas de distintos rubros. El ministro de trabajo tampoco está al tanto de tales situaciones.

En tercer lugar, aprovechando los esquemas productivos implementados en función de la emergencia, en numerosos sectores se han avanzado estrategias de teletrabajo (prensa, sectores administrativos), de reducción de puestos y de cambios en los regímenes de turnos sin que quede clara su transitoriedad. De prolongarse y consolidarse, estas políticas sólo significarán más despidos, mayor explotación y deterioro de las condiciones de trabajo de grandes grupos laborales.

El escándalo en la implementación del programa ATP deja a la vista la tremenda ofensiva empresaria sobre las condiciones de vida y de trabajo de vastas masas de trabajadores y trabajadoras. El contexto de la emergencia sanitaria no debe invisibilizar los conflictos que esto provoca ni la displicencia con que actúan las autoridades laborales