Una comisión legislativa abre una investigación contra Patricio Serjal, el fiscal regional de Rosario

Este viernes, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura resolvió abrir una una investigación por presunto mal desempeño contra Patricio Serjal, el fiscal regional de Rosario. El funcionario judicial quedó muy cuestionado porque cerró una causa judicial contra el dueño de una concesionaria al que luego le compró dos autos.


Como contó el periodista Hernán Lascano en Aire Digital, en una nota publicada el 24 de noviembre, el fiscal general Jorge Baclini le había solicitado a las legisladores que analicen si correspondía abrir una investigación por la conducta de Serjal.

Con el impulso del diputado Carlos del Frade y cinco votos, la comisión legislativa resolvió este viernes comenzar la investigación para analizar si además de una falta ética hay alguna irregularidad más grave, como la eventual comisión de un delito.

La causa que cerró Serjal

Como relató Lascano en Aire Digital, el caso que puso en zona frágil a Serjal surge de una denuncia formulada por Omar Santero, socio mayoritario de Carrocera Sudamericana, una empresa dedicada a la fabricación de colectivos. Santero dice que por problemas de salud en 2013 incorporó como socio a Rómulo González, otro empresario que es dueño de una concesionaria oficial de automotores Toyota, denominada Autorosario, ubicada en el barrio de Fisherton.

Santero denunció penalmente en 2014 a González acusándolo de vaciamiento de su empresa en favor de Autorosario. Adujo que hubo un traspaso fraudulento de capital comercial y financiero, como bonos y certificados de IVA que pertenecían a la carrocera, a la concesionaria. Y que González además utilizó recursos humanos de la primera en favor de la segunda, todo sin contraprestación alguna, medida que terminó en un concurso preventivo de la carrocera.

El Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe establece que a todo funcionario judicial le queda prohibido recibir 

cualquier tipo de beneficios “ya sea antes, durante o después 

de finalizado el proceso donde actúen”

La denuncia estuvo casi seis años en trámite hasta que el 22 de abril pasado el fiscal David Carizza desestimó la denuncia ante la idea de que no había delito. Los abogados querellantes del caso, Walter Stramazzo y Gustavo Peirone, apelaron el cierre, en la convicción de que había delito demostrable, y que se habían omitido medidas esenciales que probarían tal cosa. Frente a esto el fiscal regional Serjal confirmó la desestimación.

Fue entonces que los abogados de Santero se quejaron de nuevo y el fiscal general Baclini vio que había motivo para abrir la causa. Así lo dispuso el 13 de noviembre. Ocurrió entonces que Serjal, cuatro días después, elevó una nota a Baclini pidiendo él mismo el apartamiento de esta causa. Señaló allí que con posterioridad a resolver que el dueño de la concesionaria no había cometido delito le compró dos vehículos, un Toyota Etios y un Toyota Corolla, ambos en versión full, a esa misma agencia de vehículos.

El fiscal general Baclini consideró que ya en ese argumento había una transgresión a la responsabilidad ética y de transparencia a la ley que rige el MPA, la 13.013, por varios motivos. La primera es que la fecha en que Serjal inicia sus tratativas con Autorosario en el mes de junio coincide con una causa en la cual esa firma se encontraba directamente interesada en un pleito que Serjal cerró a favor de su dueño denunciado por un caso de vaciamiento.

El Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe establece que a todo funcionario judicial le queda prohibido recibir cualquier tipo de beneficios “ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen”. Para Baclini, además de reparos éticos, Serjal pudo quedar incurso en alguna situación más compleja por lo que remitió el caso a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, donde la nota ingresó el viernes.