A la 1:10 de la madrugada del 14 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) publicó en su cuenta de Twitter un video en los exteriores de la Casa de la Cultura –el principal centro de resguardo y de asamblea durante las jornadas de paro nacional- en el que se ven los festejos luego de la derogación del decreto 833, el llamado “Paquetazo” que el presidente Lenin Moreno había aplicado una semana y media atrás. El tweet era conciso: “Hoy celebramos, mañana, con todos y todas, minka para limpiar las calles del país”.
Al día siguiente, miles de personas salieron a las calles en una gran minka (o minga: trabajo conjunto, comunitario y colaborativo) de limpieza en los principales lugares de movilización tras 12 días de protestas, marchas y brutales represiones.
“Durante toda la protesta el Gobierno tuvo una política racista responsabilizando al pueblo de la destrucción del patrimonio y del estado de insalubridad en el que supuestamente sumimos a Quito”, describe a lavaca Lenin Sarzosa, integrante del equipo de abogados de la CONAIE y uno de los referentes en derechos humanos de la principal organización indígena del país, protagonista de relevancia durante las protestas. “Entonces dijimos: se acabó la protesta, y todos los colectivos vamos a recuperar esto, para demostrar que no fue parte del vandalismo que nos querían achacar. Nos sorprendió: miles de vecinos se sumaron, y hasta otra gente se acercó a donarnos cemento”.
Esta quizá sea una de las imágenes más conmovedoras de un pueblo que no dejó las calles durante casi dos semanas. Otra dimensión son las cifras que confirmó la Defensoría del Pueblo:
8 personas muertas.
1192 detenidas. El 76% -precisa- fueron capturas arbitrarias e ilegales. El rango de edad de las detenciones fue entre 15 y 24 años.
1340 heridas. Sin embargo, las organizaciones precisan que hay un subregistro, ya que no se consideraron los datos de las zonas humanitarias y de otros sectores.
Se creó una comisión especial por 90 días para investigar las violaciones a derechos humanos. “El objetivo es encontrar la verdad y determinar la responsabilidad de los actos”.
Sarzosa habla con lavaca recuperándose tras haber sido herido por perdigones de la policía. “Fueron días muy complejos. Muy brutales. Se tuvieron que hacer cercos comunitarios con médicos voluntarios, de la Cruz Roja, para evitar allanamientos en las zonas de acogida que facilitaron universidades y la Casa de la Cultura, en medio del toque de queda y el estado de excepción, y donde tuvimos que evacuar mujeres y niños en un ambiente de guerra total”.
Golpear a los pobres
A través del decreto 883, el principal anuncio de Moreno fue la quita del subsidio estatal a las gasolinas y al diésel, que elevaría su valor en un 123%. En Ecuador sabían que esta brutal variación incidía en el resto de la cadena de precios de la canasta básica y provocararía un efecto inflacionario automático. Luego del llamado al paro general, el Gobierno decretó el estado de excepción, que significa:
Disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, con directrices de reprimir con armamento militar.
El cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Faculta a trasladar la sede de Gobierno a cualquier lugar del territorio. En efecto, Moreno trasladó la capital desde Quito a Guayaquill.
Dispone la censura previa en la información de los medios de comunicación, bajo la excusa del estado de excepción y la seguridad del Estado.
Sarzosa: “Desde el Estado nos mencionaban por qué niños y mujeres estaban en las protestas. Los dirigentes aclararon que esa es su forma de lucha cuando se produce un levantamiento indígena. La comunidad se traslada, y allí también van mujeres y niños. De hecho, las mujeres armaron una marcha pacífica para denunciar toda la represión”.
Las organizaciones consiguieron finalmente que el Gobierno llamara a una mesa de diálogo. Exigieron que la discusión se transmitiera en vivo y en directo. “Fue una reunión bastante álgida en la que el principal opositor fue el ministro de Economía, Richard Martínez. Es el enviado de la burguesía ecuatoriana, con una línea neoliberal muy rígida. Pero luego de confirmar la derogación del decreto, se habló de la creación de una mesa con varias organizaciones y el Estado para discutir un nuevo decreto, que busca focalizar el subsidio. Al día siguiente se produjo la disminución del costo de pasajes de transporte, bajaron los precios inflados de los productos de primera necesidad. Es decir, la población sintió un alivio en su economía básica y familiar”.
-¿Las organizaciones como la CONAIE propusieron gravar a los sectores más ricos?
-Estamos convencidos de que el subsidio debe ser focalizado. Sabemos que si el Estado necesita políticas de austeridad, hay dos opciones: cobrarle a los más ricos o a los más pobres. El gobierno golpeó a los más pobres. Pero tiene que golpear a los más ricos, con políticas tributarias y fiscales: lo que hizo fue condonar deudas que los sectores empresarial, bancario y agroindustrial tenían con el Estado. Esa es realmente la lucha que tenemos. Y lo que descubrimos en estas mesas fue que el Estado, además, tenía planteado eliminar el subsidio al gas y subir el IVA entre diciembre y enero.
-¿De cuánto fue la condonación de las deudas?
-Condonaron unos 4.200 millones de dólares, aproximadamente el monto que otorgó de préstamo el FMI. Entonces el combo fue: condonar deuda a los sectores más ricos, endeudarse con el FMI y golpear a los más pobres.
Medios, minas y petróleo
La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) expresó uno de los ejes cruciales de la protesta: la resistencia indígena. “Nace de los años 50, de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), un brazo del Partido Comunista ecuatoriano. Allí plantea su diversificación a partir de dos luchas fundamentales: la reforma agraria y la colectivización de la economía. Ya en los 90, un sector adhirió a los discursos de Estado plurinacional, pero en el último tiempo surgió un grupo de jóvenes que se denominaron como ‘los hijos del primer levantamiento’, que plantean ya nuevas realidades”.
Sarzosa subraya que son jóvenes que tuvieron acceso a educación bilingüe y a la universidad. “Es una nueva camada con más conciencia de clase de los sectores populares. Por eso, la facilidad o potencia de coordinación que tuvieron los dirigentes con los barrios de Quito, con sindicatos, con trabajadores. Y eso es algo que CONAIE logró: capitalizar la lucha de todos los sectores”.
-¿Por qué ocurrió eso?
-Por la legitimidad que tenemos desde la lucha con el correísmo. Hay que tener en cuenta que el movimiento indígena participó en la caída de tres gobiernos anteriores (Abdalá Bucaram, en 1997; Jamil Mahuad, en 2000; y Lucio Gutiérrez, en 2005). Que llevó una lucha popular, pero también agudizó las luchas que tenía la propia oligarquía dentro de su poder. La diferencia de esta vez fue que ningún sector de la oligarquía pudo de manera oportunista vincularse a esta lucha. Dentro de nuestros análisis, ha sido la lucha de izquierda más legítima desde el retorno a la democracia. Una confrontación de sectores populares versus burguesía de una manera muy marcada. El gobierno no cae, pero sí el decreto, y aun así hay varios sectores de poder tras el nuevo decreto, amenazando al gobierno de que tiene que establecer las políticas de austeridad.
-¿Cómo se puede entender esa legitimidad?
-No deja de causar conmoción todo lo vivido. Teníamos cientos de barricadas en los barrios. La otra gran perdedora de todo esto es la prensa tradicional. El pueblo se volcó al sistema de medios comunitarios. Hubo una denuncia muy fuerte a los medios empresariales más poderosos: fue tal el rechazo que los pueblos indígenas desconectaron las antenas de los canales de televisión. Hubo provincias sólo conectadas a los canales comunitarios, en un apagón de cinco días. Por eso el gobierno hizo un apagón de Internet en los centros de acogida. La ministra de Gobierno María Paula Romo arremetió ayer contra los medios comunitarios diciendo que fueron los artífices de mentir contra el gobierno y llevar un intento de golpismo. Lo que no se dice es que hoy continúa una enorme persecución penal contra dirigentes populares y medios.
-¿Cómo debe leerse la crisis ecuatoriana desde un gobierno que no cambió de signo político y que tenía a Lenin Moreno como el candidato del expresidente Rafael Correa?
-El giro al neoliberalismo y el FMI comienza durante los últimos años de Correa. Y se agudiza la confrontación con los sectores sociales. Durante sus últimos años se produce la mayor ola de criminalización de la protesta social. Moreno consolida ese giro, con los sectores empresariales a tono para establecer una política directa. Ahí no hubo posibilidad de ningún diálogo.
-¿Cómo encarna el modelo extractivo allí? En todos los comunicados de las organizaciones, además de pedir que se vaya el FMI, había una crítica hacia esa matriz.
-A partir de ahí arranca también la lucha del movimiento indígena, en razón de que más del 90% de las concesiones mineras y petroleras están en territorio indígena. Y por las características que tiene Ecuador, la mayor parte están en fuentes de agua. Entonces tenemos una acumulación de la agroindustria del agua: todo esto significaría la hecatombe de la economía familiar campesina. Realmente estamos hablando de una política de arrasar todo y de fortalecer la agroindustria. En cuanto a la ampliación de la frontera petrolera, la crítica era siempre cómo se distribuían los recursos y cuánto ganaba el Estado: más del 80% va a sectores empresariales, internos y externos, todos monopólicos. Por eso una de las regiones más ricas del petróleo, la provincia de Sucumbíos, tiene los índices más altos de pobreza. Todo esto fue una crítica a la política colonial y al modelo económico que se ha planteado desde el extractivismo.
Fuente: Decí Mu
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