Las regiones boscosas más amenazadas por el avance de la frontera agropecuaria están en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. Está vigente la Ley de Bosques, pero faltan controles y que la sociedad se involucre en la protección del ambiente y la biodiversidad.
Mientras todos los ojos están puestos en la quema de la selva más famosa del mundo las topadoras avanzan y destruyen vegetación en la región chaqueña y las yungas argentinas, que engloba partes de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa. Esos cuatro distritos, según Greenpeace, explican el 80% de la deforestación actual del país y las razones son las mismas que en Brasil, Bolivia y Paraguay: el avance sin control de la frontera agrícola para cultivos o ganado.
“El Parque Chaqueño es nuestra Amazonas”, sintetizó Sebastián Bonnin, ingeniero forestal que trabaja en la estación del Inta Delta ubicada en Campana, para quien eso se puede detener si hay voluntad de hacerlo. “Creo que la agenda ambiental se va a ir imponiendo de alguna manera. Se nos va a venir encima y debemos tenerla en cuenta en los diseños de políticas públicas”, explicó el profesional.
A pesar del escenario preocupante, Bonnin se mostró optimista ante la posibilidad de revertir la situación: “En Argentina tenemos muy buenos recursos humanos, universidades de prestigio y una institución como el Inta que tiene unas 400 agencias en contacto directo con el territorio. Argentina no parte de cero si se quiere poner a solucionar en serio la deforestación”, sintetizó.
Un inventario de bosques nativos
¿Qué queda del monte nativo hoy? La pregunta no tiene datos actualizados, aunque sí estimaciones: según el primer Inventario Nacional de Bosques Nativos de 1996, el país contaba en ese momento con 31,5 millones de hectáreas de vegetación natural.
El primer Inventario Nacional de Bosques Nativos se hizo gracias a un proyecto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a lo largo de siete años (entre 1998 y 2005) con un desembolso de más de 15 millones de dólares. Hasta ese momento no había demasiada información oficial, aunque se estimaba que Argentina contaba con aproximadamente unos 40 millones de hectáreas de monte nativo. Además de aportar información actualizada y rigurosa, el inventario permitió darle forma a una agenda forestal con mirada ambiental.
Los resultados del proyecto pusieron negro sobre blanco las cifras sobre la pérdida de bosques: con el inventario sobre la mesa se estableció que, a mediados de la primera década de este siglo, el país contaba con 31, 5 millones de hectáreas de bosque nativo, casi 10 millones menos de lo que se creía.
Un país, muchas realidades
Argentina es un país grande y extenso con varias ecorregiones con recorridos históricos particulares y diferentes. La Patagonia, explicó el especialista, tiene en proporción una gran parte de su territorio protegido por lo que la vegetación nativa “está bastante resguardada”, lo que no quita que no sufra presiones tanto productivas como del sector inmobiliario, hoy tal vez el principal deforestador de esa zona.
“En algunos momentos avanzó fuerte la ganadería que se puede asociar bien al bosque, pero si la carga animal se excede se pone en juego la regeneración del ecosistema” agregó.
En el extremo noreste del país, en Misiones, también existe un porcentaje alto de la selva que queda que está protegida de lo que hace años fue su principal amenaza: las plantaciones forestales.
En la Región Centro, lo que históricamente fue la zona núcleo agropecuaria, ya no queda ni el recuerdo de la vegetación original: Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el este de Córdoba se agriculturizaron rápidamente y lejos en el tiempo: “No tenemos ya monte ni pastizal natural en el paisaje, se eliminaron hace mucho y ya ni lo registramos como paisaje” puntualizó el ingeniero forestal.
Al día de hoy, la atención está puesta en el Parque chaqueño y en las Yungas, “el Amazonas argentino” donde la deforestación por la presión de la frontera agrícola es constante y creciente. “Tenemos que tomar alguna decisión porque se podría frenar. Son zonas donde además hay un entramado social muy fuerte y las topadoras se llevan puesto su lugar y su cultura”, mencionó Bonnin.
La foto de hoy
Si bien todavía no se conocen los resultados del segundo inventario, las estimaciones sobre pérdidas de los últimos 15 años son muy negativas y rondan las 300 mil hectáreas por año en promedio. El boom de las commodities, la soja a 600 dólares la tonelada, el empujón de la demanda sin fin de los países asiáticos y una carrera desenfrenada hacia la renta rápida corrieron los límites de la frontera agropecuaria nacional, que tras tragarse la zona núcleo comenzó a avanzar hacia el norte y hacia el oeste: Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta son las provincias que más superficie verde perdieron a manos del agronegocio.
En ese punto, Bonnin explicó que Argentina tiene varios procesos de deforestación a lo largo de su historia (como el resto de Latinoamérica): “La tala selectiva empobreció la selva misionera, la ganadería degradó los bosques del sur y la tala rasa se llevó puesto el monte y el Espinal”, dijo, para agregar que la última víctima es el Parque Chaqueño, “el principal afectado por el avance de la frontera agrícola luego de la llamada Revolución Verde de los años 80 y el boom de la soja en los 2000”.
Leyes ambientales: de la teoría a la práctica
Como pasa en otros ámbitos, existen en el país varias normativas para proteger el ambiente, aunque lo que luego suele fallar es la gestión efectiva de esas normativas, demasiadas veces desfinanciadas y faltas de control y sanción.
La herramienta por excelencia para proteger la vegetación nativa es la Ley de Bosques sancionada hace 10 años: “Es mejorable, pero fue pionera para la región y es una herramienta que nos permite tener hoy un ordenamiento territorial completo”, dijo el ingeniero forestal.
Bonnin agregó que como la Constitución establece que los recursos naturales son jurisdicción de las provincias “Nación puede actuar hasta cierto punto”, lo que a veces se traduce en dispares controles según las jurisdicciones.
Agenda social y política
¿Por qué todavía la clase dirigente argentina no toma la agenda ambiental como prioritaria? Para el experto una de las explicaciones es que la sociedad todavía no se lo puso en la agenda. “Si empezamos a definir las elecciones en función de eso los candidatos van a pensar en eso, pero hoy tenemos otras urgencias. La agenda de la coyuntura nos lleva puestos a todos, en un país con 30% de pobres es complicado ponerlo en la agenda, pero es un debate que se va a venir y las fuerzas políticas van a tener que estar a la altura”, razonó.
“Tenemos una sociedad politizada, la agenda ambiental será de interés público y si es así será también de interés político. Tenemos recursos humanos e instituciones con territorialidad, con un presupuesto en serio se puede mejorar”, concluyó el especialista.
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