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domingo, 3 de enero de 2016

EL PROBLEMA NO SON LOS CEO. Por Rolando Astarita

En los últimos días, en los ámbitos de la izquierda, se ha hecho hincapié en la designación de ejecutivos de grandes empresas para integrar los gobiernos nacional, de Ciudad de Buenos Aires y Provincia, de Cambiemos. “Es el gobierno de los dueños del país”, se afirma. Una  formulación que no sería mala si se la planteara como parte de una estrategia propagandística, a fin de popularizar la idea de que el gobierno de Cambiemos es un gobierno capitalista, al frente de un Estado capitalista. Pero esto no debería llevar a la idea de que se produjo un cambio cualitativo, en lo que hace al contenido de clase, o al régimen político, por el hecho de que haya CEOs como ministros.
Es que, básicamente, el carácter de clase del gobierno no se modifica a partir de que haya ejecutivos de empresas en su seno. Y tampoco desaparece por ello la autonomía relativa que caracteriza a todo gobierno capitalista (véase aquí, por ejemplo, para una caracterización del gobierno Kirchner, y algunas cuestiones de método). Por eso, la integración de un gobierno con muchos CEO tampoco hace desaparecer los problemas que son característicos de toda dominación burguesa. En particular, las que atañen a la igualdad de reglas de juego que los “capitales en general” reclaman de los funcionarios del Estado; y las que afectan a la legitimación y predominio ideológico sobre las clases subordinadas, que se despliegan sobre el telón de fondo de las fuerzas de coerción estatales.
Por eso, y lo fundamental a retener, es que, dada la relación de propiedad capitalista, las políticas gubernamentales, o de Estado, están determinadas por una compleja red de factores e influencias recíprocas –entre ellas, la situación económica, las relaciones internacionales, la relación entre las grandes clases sociales- y no por las características personales de los funcionarios a cargo. Estas últimas juegan un rol muy subordinado. Es desde esta perspectiva que decimos, por ejemplo, que un socialista, puesto a ministro en un gobierno capitalista, no es un ministro socialista, sino un ministro capitalista. Para presentar otro caso práctico: bajo el primer gobierno de Menem hubo tres ministros de Economía. El primero, Néstor Rapanelli, era alto ejecutivo del grupo Bunge y Born; los dos que vinieron después, Erman González y Domingo Cavallo, no eran ejecutivos, ni propietarios de empresas. Sin embargo, no cambió por ello el carácter capitalista de ese gobierno, ni su orientación central. Y así podríamos seguir con los ejemplos. Más aún, para la clase dominante a veces es más conveniente un cuadro político consciente de los intereses del capital “en general”, que un ejecutivo que solo atiende a intereses sectoriales. Por ejemplo, Ernesto Sanz, el dirigente que llevó al radicalismo a Cambiemos, seguramente fue más útil en esa tarea que cualquier alto ejecutivo de una gran empresa. De todos modos, estas son cuestiones internas a la clase dominante, en las cuales los socialistas no tenemos por qué tener preferencias. Es el  terreno “de ellos”.
Recordemos también que el debate marxista clásico sobre esta cuestión se dio hace años, entre Ralph Milliband y Nicos Poulantzas. Milliband (véase, por ejemplo, El Estado en la sociedad capitalista, México, Siglo XXI, 1970) intentó demostrar el carácter capitalista del Estado a partir de las relaciones que mantienen los partidos y altos funcionarios estatales con la clase capitalista. Poulantzas (véase Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, México, Siglo XXI, 1969) criticó ese enfoque por “empirista”, y sostuvo que el carácter capitalista del Estado y del gobierno está determinado por las estructuras económicas y sociales subyacentes. No vamos a volver aquí sobre esta polémica, pero dejemos señalado que incluso Milliband nunca pretendió demostrar el carácter capitalista de un gobierno por la presencia directa, o no, de ejecutivos de empresas.
Por otra parte, y a partir de la información que está disponible y circula, cualquiera puede hacerse una idea de cómo los vínculos entre funcionarios del Estado, sean o no ejecutivos de empresas, y los capitalistas, se reproducen y profundizan de forma sistémica. Sus expresiones empíricas son variadas: funcionarios que son propietarios de empresas; ministros que vienen de ser consultores o abogados de empresas, o vuelven a estas ocupaciones cuando abandonan los cargos públicos; empresas que exigen tales o cuales medidas del Estado so pena de no invertir; sobornos y todo tipo de escandalosos negociados entre funcionarios y capitalistas, y así de seguido. Son expresiones de la misma lógica de lucro y ganancia, de enriquecimiento y explotación. Es un fenómeno independiente de que sean CEOs los ministros, o no lo sean. El sistema transpira capitalismo por todos los poros y por eso también, que haya ejecutivos de empresas (privadas o estatales) encaramados al Estado, no debiera resultar sorprendente. Es la misma sustancia, que engendra sus representantes, bajo distintos modos y formas. Y nada de esto varía, por supuesto, el régimen político; no pasamos de una democracia burguesa limitada al fascismo porque asuman algunos ejecutivos como ministros.
Tampoco altera, en alguna medida esencial, el “ajuste” contra los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores y las masas populares que está en marcha con el gobierno K, y continuará el gobierno de Macri. Por eso es de una superficialidad exasperante encontrarse hoy con marxistas quejándose, al mejor estilo “Carta abierta”, de la “rebelión de los CEO”. Para usar las palabras de El Manifiesto Comunista, parecen escritos para instrucción y provecho de “los filántropos, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda laya”. Agrego: y para beneficio de todos los oportunistas que ahora van a venir con el llamado a “la unidad nacional contra el neoliberalismo de los CEO”.
En contraposición, es necesario anclar el análisis en las relaciones de clase. No se trata de personas, sino de las relaciones sociales que ellas encarnan desde los puestos de gobierno. Es el ABC del materialismo histórico, la base para una actitud crítica frente al Estado capitalista y el Ejecutivo, pero también para posicionarse ante las corrientes burguesas que hasta ayer mismo estaban al mando, y hoy van a posar de “revolucionarias”, o poco menos. Para estas últimas, nada más conveniente que disimular los antagonismos sociales detrás del palabrerío del “se vinieron los CEO”. Es el camino, sin salida para los explotados, de la eterna conciliación de clases.

sábado, 2 de enero de 2016

LA DEFORESTACIÓN ES UNA DE LAS CAUSAS DE LAS INUNDACIONES EN ARGENTINA

El aumento de las precipitaciones y la significativa pérdida de cobertura boscosa en Argentina, Brasil y Uruguay, que se encuentran entre los diez países con más deforestación de todo el mundo, no permitió la natural absorción del agua.
 La crecida de los ríos limítrofes provocó una de las inundaciones más graves de las últimas décadas y obligó a evacuar a más de 170.000 personas en los tres países.
 El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, señaló: “Los bosques y selvas, además de concentrar biodiversidad considerable, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos”.
 De esta manera, Giardini explica que “los bosques son nuestra esponja natural y paraguas protector. Cuando perdemos bosques nos volvemos más vulnerables ante las intensas lluvias y corremos serios riesgos de inundaciones”.
 Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, desde la sanción de la Ley de Bosques (noviembre de 2007) hasta fines de 2014 se deforestaron en el país más de 2 millones de hectáreas, de las cuales 620 mil hectáreas eran bosques protegidos.
 En ese mismo período, la provincia de Entre Ríos perdió más de 85.000 hectáreas de bosques nativos, y es la más afectada por las crecidas, con más de 20.000 personas desplazadas de sus hogares, la mayoría en Concordia, ciudad ubicada a orillas del río Uruguay, que vive su peor inundación en 50 años.
 La situación actual de la Selva Paranaense o Selva Misionera, atravesada por los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú, es realmente crítica: sólo queda un 7% de la superficie original de bosques. Mientras que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida, la mayor parte remanente se encuentra en nuestro país, donde ha ido disminuyendo desde una superficie inicial de más de 2 millones de hectáreas hasta tan solo unas 40.000 hectáreas de selvas prístinas y alrededor de 800.000 hectáreas de selvas secundarias en la actualidad.
  Argentina entre los 10 que más desmontan
 Un reciente informe de la FAO (1) ubica a Brasil, Paraguay y Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. Entre 1990 y 2015 nuestro país perdió más de 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la de Escocia), a razón de 300.000 hectáreas al año.

Por otra parte, los efectos del fenómeno meteorológico El Niño son uno de los más virulentos desde 1950 y podrían continuar hasta el primer trimestre de 2016, según predijo la Organización Meteorológica Mundial en noviembre pasado.

AGROQUÍMICOS MORTALES: LA SOMBRA DEL MODELO AGROEXPORTADOR

Juan Manuel Boccacci (RED ECO)

El actual modelo agroexportador produce muerte y daños irreparables, tanto en las personas como en la tierra. Dos casos ejemplifican esta verdad callada en los relatos oficiales: Fabián Tomassi y Alejandro Nicolás Arévalo son la dolorosa muestra de que los derechos humanos están siendo vulnerados en el territorio nacional, sin que el poder político mayoritario haga nada al respecto. Red Eco Alternativo

Fabián Tomassi es ya un emblema de la lucha contra los agrotóxicos. Él vivió en su Entre Ríos natal el contacto directo con agroquímicos que lo llevó a una polineuropatía tóxica. “Parece un mundo sin evolución. Yo veo esto como una selva, porque cuando me enfermé quedé solo. A mí me taparon la boca, me dieron una jubilación y me dejaron solo en mi casa”. A partir de allí comenzó a acompañar las distintas manifestaciones en contra de la utilización de agroquímicos. Desde el acampe que llevan adelante los Qom en la Ciudad de Buenos Aires, entrevistado por Agencia para la Libertad expresó su apoyo a Félix Díaz y los pueblos originarios: “Su lucha y la mía es la misma. Acá hay un solo culpable que es el dinero. Esto es un negocio redondo. Somos la sombra del éxito. Siempre lo digo. Mientras les dé de comer a gobiernos de países subdesarrollados con economías emergentes, como es el nuestro, no hay manera de que se revierta esta situación. Yo no quiero ser negativo, pero hay que ser realista”.

MEDIDA JUDICIAL HACIA EL BLOQUEO A MONSANTO EN MALVINAS ARGENTINA

Medida judicial hacia el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas

Hoy alrededor del medio día llegó al bloqueo una notificación del poder judicial turno 4, distrito nº II por GRISELDA MUÑOZ prosecretaria letrada, Fiscal CHIAPERO. Por denuncias hechas por el abogado de Monsanto IGNACIO SORIA, la cual dice que en 24hs. abriría la entrada principal al predio y agrega cargos por impedir el ingreso de maquinaria agrícola pesada, empleados, a prosegur, etc, etc.

Recordamos que según amparos y demás medidas que ellxos mismos aceptaron para dilatar la ida de esta empresa y el tiempo de resistencia, No corresponde la realización de ningún tipo de trabajo hasta que se "compruebe" que la empresa no contamina.

CHILE: LOS PORMENORES DE UNA FALSA GRATUIDAD

Chile: los pormenores de una falsa gratuidad

Por Francisco Parra – @frparrag
Finalmente, Chile tendrá educación superior gratuita en 2016. Aunque surgen varios peros al asunto: solo para el 50%, con beneficios a universidades cuestionadas por lucro y bajo el mismo desregulado sistema que transa la educación como un bien de mercado.
La imagen de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmando el proyecto que establece la educación superior gratuita para el año 2016 dio la señal de que el movimiento estudiantil que remeció a la sociedad chilena hace 4 años por fin conseguía una victoria. El solo titular hace creer que Chile terminó con la educación de mercado, cuando la realidad es que el modelo permanece intacto.
La llamada “ley corta” aprobada por el Congreso y ratificada por la presidenta está bastante lejos de la demanda que movilizó a miles de familias. La discusión y el trámite de la gratuidad han estado marcados por los golpes de la derecha, las improvisaciones del gobierno y la falta de decisión al interior de la Nueva Mayoría para ponerle fin a la educación como bien de consumo.
Estrictamente, para el año 2016 los estudiantes pertenecientes al 50% más pobre de la población no tendrán que pagar por su educación superior. Esto se traduce en 178 mil alumnos que se pueden ver beneficiados por una “gratuidad” que mantiene la lógica neoliberal del voucher al financiar al estudiante y no a la institución. También se extenderán las becas ya existentes en el desregulado sistema mercantil de la educación chilena. La ley beneficia a 30 universidades en total: las 16 universidades del Estado y 14 privadas que se adecuaron a los requisitos presentados por el gobierno. Estos son tener al menos 4 años de acreditación y que los controladores de las instituciones sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.
Pero el camino para llegar a esta ley ha sido bastante accidentado.
La improvisación del gobierno y los golpes de la derecha
Fue el 21 de mayo, en su discurso anual al país, que la presidenta prometió que en 2016 habría educación superior gratuita. La primera iniciativa fue a través de la Ley de Presupuestos, aumentando los recursos para educación. Con eso podría asegurar la gratuidad para el 50% más vulnerable sin la necesidad de una nueva ley.
Pero la derecha chilena se encargaron de demostrar el legado del pinochetismo que sigue vigente en la institucionalidad. A través de un recurso al Tribunal Constitucional, parlamentarios lograron que este se manifestara en contra de la glosa presupuestaria al ser “discriminatoria” por poner requisitos de acreditación, no lucro y democracia en las instituciones que se sumaran al proyecto. Detrás de estas acusaciones -a las que se sumó también la Democracia Cristiana, partido de gobierno- no había otra cosa que el interés de mantener el negocio educativo en Chile. Los planteles privados llevan años siendo cuestionados por la ciudadanía. Reportajes periodísticos y causas judiciales han demostrado el negocio formado no solo con las sociedades relacionadas a los directorios, sino que con los mismos procesos de acreditación de calidad de las instituciones. Y la derecha los pone ahora en una situación inmejorable: seguir con el negocio con platas fiscales.

La situación además demostró uno de los cerrojos institucionales más importantes del sistema heredado del pinochetismo. El TC -conformado según el cuoteo político entre la derecha y la Nueva Mayoría- funciona como una tercera cámara que resguarda la todavía vigente Constitución de Pinochet, pensado para impedir cualquier transformación estructural del sistema.
Después de esta increíble derrota, el gobierno llegó a considerar dejar fuera de la gratuidad a tres universidades del Estado que no cumplían con los requisitos de acreditación. Es decir, el Estado castigaría sin gratuidad a universidades que dependen del Estado por no tener la calidad suficiente.
Solo después de la protesta de los rectores y del movimiento estudiantil es que se llegó al piso base de que “o son todas las universidades del Estado, o no es ninguna”, como dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.
Ante el ambiente enrarecido y pocos días del año quedando, el gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de Ley Corta, quitando el requisito de participación triestamental que estaba originalmente en el primer intento de gratuidad. A las universidades estatales y privadas tradicionales se sumaron otras privadas como la Alberto Hurtado, Diego Portales, Cardenal Silva Henríquez, Finis Terrae y Autónoma.
Quedaron fuera de la gratuidad los alumnos de educación superior técnica, agrupados en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, los que no tienen la prohibición por ley de ser sin fines de lucro y que suelen tener estudiantes de los sectores de más bajos recursos. Para ellos, el gobierno extenderá las becas ya existentes.
Justamente esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la evaluación estandarizada que sirve para ingresar a la educación superior. Y tal como todos los años, una vez más demostró lo segregado que es el sistema chileno. 95 de los 100 colegios con mejores resultados son particulares pagados, mientras que solo 4 son estatales y uno es particular subvencionado.  Además, entre los 65 colegios con mejor puntaje, casi el 80% (51 establecimientos) se ubican en las comunas con mayor ingreso de Santiago, demostrando que en Chile, para tener ingreso asegurado a la universidad, hay que provenir de una familia de recursos.
Y como si fuera un mal chiste, a la hora de inscribirse en la Universidad Autónoma (adscrita a la gratuidad), la institución les exigió a los nuevos estudiantes firmar un pagaré de 4 millones de pesos para matricularse. Y eso que la ley establece que los beneficiados no pueden contraer ningún tipo de contrato financiero con las casas de estudio. Esta misma universidad –que es de propiedad de Teodoro Ribera, ex ministro de Sebastián Piñera- obtuvo su acreditación de 5 años a través de un proceso de venta fraudulenta de las mismas por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero los requisitos del gobierno para inscribirse en el proceso solo consiste en tener la acreditación y no en cómo se obtuvo, por lo que los antecedentes existentes no son tema.
La falsa gratuidad devela las falencias del sistema educativo y profundiza la concepción de la educación como un bien de mercado. El abandono de la educación pública por parte del Estado de Chile sigue siendo un problema estructural que no es atendido. Las universidades seguirán compitiendo en el mercado educativo, mientras los recursos van a instituciones que responden y se benefician del desregulado sistema. Según los criterios que entregó el gobierno, hoy universidades que están siendo investigadas por lucro califican para ser destinatarias de la gratuidad.
Para enero de 2016 se espera que el gobierno envíe un proyecto que reforme el sistema de educación superior en Chile: La ley larga. Para eso hablará con los distintos actores de la educación, aunque el guión parece conocido ya: invitar a conversar, apropiarse de la demanda y que todo siga como estaba.