Escrito por Leandro Yanson
El boom sojero en Argentina, al ser uno los pilares de la estructura económica de nuestro país, ha sido un fenómeno aparte en Rosario, el mayor centro de procesamiento de oleaginosas del mundo, este se manifiesta en la insuperable expansión inmobiliaria producida en la región tras la búsqueda de mantener las divisas obtenidas por la cosecha.
En el 2007 la ciudad se impuso en Sudamérica al ser la primera posición del ranking de ciudades sudamericanas con mayor cantidad de metros cuadrados construidos por habitante. Pero cabe aclarar que no sólo en los cereales se cimienta el boom inmobiliario, un creciente flujo de capitales de origen dudoso vinculado al lavado y blanqueo de dinero proveniente de actividades ilegales resuena como el otro gran pilar del crecimiento inmobiliario.
El grotesco potencial especulativo del fenómeno local toma proporciones sorprendentes, cada peso invertido en inmuebles en 2002, se transformó en $16 para febrero de 2014, más del doble de la rentabilidad obtenida con dólares y tres veces más que la de plazos fijos. En el detalle anual, durante 2013, la inversión en inmuebles en Rosario le ganó a la inflación, con valores que aumentaron un 30 por ciento promedio en pesos.
El “boom”
Los 14.836 permisos para construir viviendas, comercios, oficinas, otorgados por el municipio representan una cifra mayor a la cantidad de familias que, según los informes del propio gobierno, tuvieron resueltas sus necesidades edilicias tras la aplicación de planes de urbanización, expresada en m2 la construcción realizada en Rosario en la última década es de 6.073.000, que equivale a 949 canchas de fútbol profesionales, siendo en gran parte utilizada como método de ahorro por sus dueños.
El número de pedidos de permisos que recibió el municipio de Rosario desde el año 2009 es de 3300 un valor que representa el 20% de los que se concedieron, esté valor supera ampliamente al presente en las otras localidades del país afirmando la hegemonía que detenta la ciudad a nivel nacional, siendo que incluso no sucumbe a las pequeñas recesiones que experimenta el mercado en toda la Argentina, donde en gran medida la construcción se halla en un estancamiento casi absoluto, de ese modo respaldando la afirmación de que los motores del rubro son los cereales y los narcóticos.
Un indicador de la clara expansión inmobiliaria de Rosario es uno de los insumos más esenciales de la construcción, el cemento, el aumento del despacho de este producto superó a la media nacional de 11,4% siendo que en Santa Fe este valor alcanzó el 14,6%. En números, el traslado de cemento en la provincia llegó a las 80 mil toneladas en tan sólo noviembre de 2013, dando un incremento del 9,4% en relación al período anterior.
El grotesco potencial especulativo del fenómeno local toma proporciones sorprendentes, cada peso invertido en inmuebles en 2002, se transformó en $16 para febrero de 2014, más del doble de la rentabilidad obtenida con dólares y tres veces más que la de plazos fijos. En el detalle anual, durante 2013, la inversión en inmuebles en Rosario le ganó a la inflación, con valores que aumentaron un 30 por ciento promedio en pesos.
Secuela de la explosión
El boom inmobiliario acarrea de la mano a otra situación, que es la cantidad de personas que deben alquilar para tener acceso a una vivienda, en Rosario hay un 21,4 por ciento de hogares habitados por inquilinos, superando la media nacional de 16,1 por ciento. En 2001 la ciudad tenía 275.334 hogares (inmuebles habitados), de los cuales 36.000 estaban alquilados. En 2010 se censaron 320.000 hogares y los inquilinos ya eran 60.388, actualmente se posiciona como la segunda ciudad del país con mayor cantidad de personas que alquilan su vivienda.
Surge en esta imperiosa necesidad de tener que alquilar un inmueble para conseguir un hogar los distintos requisitos que se exigen a la hora de celebrar el contrato, las condiciones son presentar el documento de identidad de todos los intervinientes y sus fotocopias (primera y segunda hoja), tener un garante que se pueda encargar de pagar en caso de que el inquilino se vea imposibilitado, presentar recibos de sueldo, que puede variar, pero por lo general son los últimos 3, la declaración jurada del último año y fotocopias de la escritura de la propiedad ofrecida como garantía. Está cuestión se vuelve realmente muy difícil si se tiene en cuenta que un tercio de los trabajadores en Argentina se halla en negro , por lo tanto les resulta imposible presentar cierta documentación, no es casualidad que a su vez un tercio de quienes no tienen vivienda propia en Rosario sean incapaces de alquilar sin comprometer el acceso a bienes básicos de la vida cotidiana.
A esta situación se le anexa que se creó todo un mercado de alquiler de garantías para posibilitarles a las personas que tienen problemas para cumplir con las condiciones el acceso a una vivienda digna. El último gran actor de esta problemática es la inflación que coopera con el especulador al impulsar constantemente el precio del alquiler, el valor de las locaciones en la ciudad creció por encima del costo de vida y el índice salarial, subiendo promedio de 32 por ciento
A esta situación se le anexa que se creó todo un mercado de alquiler de garantías para posibilitarles a las personas que tienen problemas para cumplir con las condiciones el acceso a una vivienda digna. El último gran actor de esta problemática es la inflación que coopera con el especulador al impulsar constantemente el precio del alquiler, el valor de las locaciones en la ciudad creció por encima del costo de vida y el índice salarial, subiendo promedio de 32 por ciento
Sin techo, sin derechos
Derecho a la vivienda, es universal, pero la realidad habitacional que se experimenta es muy distinta, en nuestra ciudad se revela un contraste impresionante entre el crecimiento de la construcción edilicia frente a un aumento de la exclusión, sin regulación estatal y bajo una planificación urbana hecha a medida de la especulación y los negocios de unos pocos es insostenible otro resultado.
En Rosario actualmente hay aproximadamente unas 150 mil personas viven en los denominados “asentamientos irregulares”, que no son más que villas de emergencia, en tanto, entre los sectores de menores ingresos el déficit habitacional ya supera las 50.000 viviendas. Esta coyuntura sorprende al tener en cuenta que existen cerca de 80.000 departamentos vacios que están destinados expresamente a combatir la inflación, este número representa sólo un poco menos que el doble de la necesidad habitacional que hay en nuestra ciudad.
Se destinan millones en proyectos de urbanización que constan en la construcción de barrios para resolver las emergencias habitacionales del cordón que envuelve a Rosario, como lo son el proyecto del barrio Travesía, La Cerámica, Itatí, entre otros. Para este año se están destinando según el presupuesto de la ciudad $135.046.297 para la construcción de 1012 viviendas, pero la gran sorpresa es a quienes les asignan estos fondos, no son otros que los grandes pulpos que se llevan la mayoría de la obra a nivel provincial.
Por supuesto que la realidad se impone permitiendo identificar que la distancia entre lo que se anuncia y lo que se realiza es verdadera, el caso de 23 de esas viviendas es el del edificio Matienzo 1272 que viene siendo anunciado desde 2010, formando parte de los presupuestos, pero que jamás fue llevado a cabo.
Por supuesto que la realidad se impone permitiendo identificar que la distancia entre lo que se anuncia y lo que se realiza es verdadera, el caso de 23 de esas viviendas es el del edificio Matienzo 1272 que viene siendo anunciado desde 2010, formando parte de los presupuestos, pero que jamás fue llevado a cabo.
¿Desechos humanos?
Lo ocurrido en Villa Lugano no es algo exclusivo de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario también ocurren casos en los que se levantan tomas de tierras, que se hallan ociosas en un principio, el 9 de agosto de este año un grupo de familias fueron desalojadas a la fuerza de un predio de nueve hectáreas que habían tomado tras reiterados pedidos de ayuda al municipio. Llegaron efectivos de Gendarmería con topadoras, y además de desalojarlos les prendieron fuego los materiales que habían llevado hasta allí y a sus efectos personales.
La justicia provincial ordenó que para el 12 de septiembre, 21 familias desalojaran un predio ocupado en zona oeste, ubicado próximo a las vías del ferrocarril . Todo este problema comenzaba en el 2009, ya que una gran parte del terreno, que es de 120 metros por 8 metros de ancho, estaba en un estado ocioso, principalmente ocupado por basura, por perros y mucha mugre. En la parte que da hacia el lado de calle Virasoro algunos vecinos fueron ocupando el lugar e hicieron sus viviendas, ninguna de estas personas busca tomar estos terrenos y simplemente vivir en el lugar como usurpadores, están ciertamente dispuestos a pagar, lo que plantean es la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, ya que a pesar de haber espacio suficiente, este no se encuentra disponible, incluso algunas de las familias que viven en este barrio fueron estafadas, ya que compraron el terreno a un ex habitante de la zona.
En 2011 agentes de varias reparticiones municipales comenzaron con la desocupación de terrenos que habían sido tomados por unas 70 familias de distintos barrios. El desalojo, que se llevó a cabo de manera pacífica, se produjo en la zona de España y Circunvalación, en cercanías del barrio La Granada. Allí, el ingreso de esas personas había motivado, en el mes de marzo, una presentación judicial realizada por las empresas contratistas que ejecutaban obras de infraestructura vial. Es que en esos terrenos de la zona sur se construía una de las futuras colectoras de la Circunvalación, trabajo que debió paralizarse ante la presencia de las familias.
También se suma el caso de Nuevo Alberdi en el 2012, una toma de tierras que tuvo una gran inversión en obras por parte del Estado, logrando una revalorización del terreno, hecho que beneficia a Cimara Agropecuaria dueña de la superficie catalogada como “inundable”, por tal razón se ha destinado a la empresa de seguridad privada SIAN para intimar a el desalojo a las 200 familias que viven en el lugar.
Una ayudita (solo para los amigos)
En medio de esta situación de inequidad, el reparto de los fondos nacionales no parace ayudar a equilibrar las cosas en Santa Fe. Según el informe de UNEN sobre el Plan Federal de Viviendas, elaborado por Fernanda Reyes y la diputada Elisa Carrió, en el que denuncia los beneficios recibidos por las provincias oficialistas en detrimento de las gobernadas por opositores: “En 2006, por ejemplo, la provincia de Santa Fe gobernada por el peronista Jorge Obeid recibió 220 millones de la Nación, equivalentes a 3.676 viviendas; al mismo distrito, pero gobernado por los socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti, le mandaron (entre 2008 y 2012) 181 millones, suficientes para 2.392 casitas”. Los datos publicados en un informe del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, confirman esta afirmación.
Según publica el portal Chequeado.com la situación no es exclusiva de Santa Fe. El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por "abuso de autoridad y malversación de caudales públicos". La denuncia original fue realizada por legisladores de la oposición, que acusaron al Ministro de discriminar a provincias gobernadas por opositores en el reparto de los fondos del Plan Federal de Vivienda (PFV).
Los datos oficiales muestran que en 2013, provincias gobernadas por aliados del oficialismo como Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén recibieron montos que superaron en más de 150% a los percibidos en 2006. La que más aumentó en ese período, sin embargo, fue San Luis, gobernada por Carlos Poggi, aunque en los años previos, cuando era gobernada por Alberto Rodríguez Saa, había sido la más discriminada. Entre las más perjudicadas se ubican tres provincias gobernadas por opositores: Corrientes (UCR), que recibió en 2013 un 71,1% menos que en 2006; Córdoba (PJ), con una caída del 70,3%; y Santa Fe (Partido Socialista), con una disminución de fondos del 93,3 por ciento. A diferencia del Fondo Nacional de la Vivienda, la distribución del dinero del PFV es decidida discrecionalmente por el Poder Ejecutivo
Ley en defensa de los inquilinos
Actualmente no existe un organismo que nuclee a las personas que alquilan sus viviendas, por lo tanto son blanco de los más variados caprichos del mercado inmobiliario, teniendo en cuenta que gran parte de la población, y aumentando, se hallan en esta situación, es necesario que se establezca una normativa que pueda defender a los inquilinos.
Desde la Red de Inquilinos de Buenos Aires, se impulsa una campaña en busca de instalar la necesidad de que existan y se implementen políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda. Lo que proponen son los siguientes puntos:
-Regulación de precios y condiciones de los alquileres. A través de la fijación de precios máximos, creación de un fondo de garantías, extensión de la duración de los contratos y la limitación del monto de depósito y comisiones a inmobiliarias.
-Impuesto a la Vivienda Ociosa. Aplicable a las viviendas deshabitadas, objeto del “ahorro en ladrillos”. Con este tributo se busca ampliar la oferta, y conformar un fondo para garantías y construcción de viviendas sociales.
-Creación de la Defensoría de los Inquilinos. Para la promoción, asesoramiento y defensa de los derechos de los locatarios de inmuebles destinados a vivienda.
-Creación del Ministerio de la Vivienda. Con el fin de concentrar tareas para: urbanizar las villas, a través de la construcción de viviendas sociales y provisión de servicios básicos; entregar títulos de propiedad con cláusula de no venta/alquiler; recaudar y administrar los fondos provenientes del Impuesto a la vivienda Ociosa; regular los valores y condiciones de alquiler.
-Regulación de precios y condiciones de los alquileres. A través de la fijación de precios máximos, creación de un fondo de garantías, extensión de la duración de los contratos y la limitación del monto de depósito y comisiones a inmobiliarias.
-Impuesto a la Vivienda Ociosa. Aplicable a las viviendas deshabitadas, objeto del “ahorro en ladrillos”. Con este tributo se busca ampliar la oferta, y conformar un fondo para garantías y construcción de viviendas sociales.
-Creación de la Defensoría de los Inquilinos. Para la promoción, asesoramiento y defensa de los derechos de los locatarios de inmuebles destinados a vivienda.
-Creación del Ministerio de la Vivienda. Con el fin de concentrar tareas para: urbanizar las villas, a través de la construcción de viviendas sociales y provisión de servicios básicos; entregar títulos de propiedad con cláusula de no venta/alquiler; recaudar y administrar los fondos provenientes del Impuesto a la vivienda Ociosa; regular los valores y condiciones de alquiler.
A pesar de estar dadas, como en ninguna otra parte de Argentina, las condiciones necesarias, para lograr que las personas tengan acceso a una vivienda digna, de que aquellos que quieren obtener beneficios por rentar sus propiedades sean capaces de conseguirlo, de que los planes sociales que se destinan a resolver esta situación funcionan, de la existencia de organizaciones que presentan soluciones para el problema habitacional, la realidad que se desprende es que la situación se está agravando, cada vez son más las personas que deben alquilar, son cada vez más las que viven en asentamientos de emergencia, va en aumento el nivel de violencia policial y el número de desalojos llevados a cabo por las fuerzas del Estado y quienes se benefician de esto son los especuladores inmobiliarios, las empresas constructoras e inmobliarias.
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