Corrientes es «territorio Pro-vida» por decreto, se establece como «política de Estado la defensa de la vida”. Asimismo, es una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente: cada día nacen diez bebés cuyas madres tienen entre 15 y 19 años.
En este contexto la jueza Marta Rut Legarreta, a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, emitió un fallo por el cual habilitó la adopción de un feto que aún no había nacido.
La jueza brindó información sobre la historia de la joven madre, quien desde los 13 años sufre abusos sexuales sistemáticos por parte de su padrastro. Como consecuencia de las violencias padecidas tiene una hija de dos años. Según dichos de la joven al enterarse que estaba nuevamente embarazada quiso interrumpir del embarazo.
«Me dijo claramente que no quería tener ese hijo, que no quería seguir con el embarazo. Me dijo textualmente “no quiero tener de nuevo otro bebe a la fuerza, producto de una violación”. Como había sido violada le correspondía una Interrupción Legal del Embarazo. Por eso le dije que fuera al hospital y lo pidiera. Yo a su vez mandé un escrito avisando que iría la chica y que le realicen la interrupción», explica Legarreta en diálogo con el diario Clarín.
Cuando llegó al hospital, los médicos advirtieron que su gestación rondaba la semana 23/24 por lo tanto, la alertaron sobre “los riesgos” que podría ocasionar una interrupción del embarazo. Cabe mencionar que Corrientes nunca adhirió al Protocolo Nacional de Iinterrupción Legal del Embarazo (ILE), tampoco tiene uno propio.
Por este motivo a los tres día concurrió nuevamente al juzgado acompañada de su tía y le comunicó a la jueza que iba a continuar con el embarazo y luego lo daría en adopción.
Según la jueza, dijo «no quiero ver al bebe al momento del nacimiento, quiero que esté la familia adoptante presente para evitar que el bebé quede conmigo”.
Durante el mes de junio, Lagarreta comenzó la búsqueda de la familia adoptante y para fines de ese mes ya contaba con la pareja adoptante del feto, transformándose en un hecho inédito para la justicia argentina.
En diálogo con la Izquierda Diario, Soledad Deza abogada y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal Seguro y Gratuito dijo al respecto “La arista más peligrosa de todo esto es la subjetivación del feto de forma tal de hacerlo acreedor de derecho. Pero por sobre todo lo que deja al descubierto es una transversalización de la objeción de conciencia que se ha visto expuesta en la atención sanitaria de la joven, cuando desde el sector médico en el hospital se le dijo que el aborto era peligroso. Eso es brindar información sanitaria falsa y sesgada, porque no le informan sobre los peligros que supone llevar a término un embarazo atravesando un parto con una cesárea, por ejemplo, en el cuerpo de una joven. Y concluyó en el poder judicial con pronunciamientos como este que están en línea con los discursos anti derechos. Estos discursos que lo que hacen es utilizar institutos propios del campo del derecho, como es la adopción, para construir sentidos en contra de la autonomía reproductiva. Lo más violento de esta decisión judicial es que marca la construcción de sentidos de la personalidad del feto como un correlato de la impugnación pública del derecho a decidir”.
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